Panorama

CNDH-RD denuncia alcaldes no permiten presencia defensores de los derechos humanos en reuniones comunitarias

Redacción Puro Higüeyano

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace denuncias sobre actitud algunos alcaldes con respecto a la intervención de los representantes de la entidad.

Aquí el texto íntegro:

“Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) denunciamos que varias de nuestras filiales ubicadas en diferentes zonas del país nos están reportando que algunos alcaldes manifiestan una actitud agresiva, poco colaborativa y excluyente hacia nuestra labor, llegando al extremo de querer excluirnos de las reuniones que se mantienen con juntas de vecinos y moradores para tratar asuntos de asfaltado de calles, contenes y aceras y otras problemáticas de la ciudadanía.

Citamos como ejemplos los casos ocurridos recientemente en el municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana y del distrito municipal de La  Victoria, en el municipio Santo Domingo Norte.

En Villa Hermosa el viernes pasado 6 de julio, durante una reunión con algunos moradores de una junta de vecinos y el alcalde Freddy Jhonson  Castillo, donde el mismo le estaba pidiendo a los moradores que pusieran de su bolsillo el 50 por ciento (250 mil pesos) a fines de construcción de aceras, al verse emplazado  por el presidente de nuestra filial, Sr. Agustín Charles sobre el hecho de que los ciudadanos ya pagan impuestos a tales fines, de mala manera ha cuestionado la presencia de nuestros activistas en el lugar, alegando el hecho de que se trataba de  una reunión con juntas de vecinos y que “los derechos humanos no tenían nada que ver porque allí no se estaba matando gente”.

Igualmente, en la Victoria, el alcalde de ese distrito municipal, José  Ramón Hernández Concepción ha cuestionado  la labor de nuestra filial presidida por el Sr. Fermín Mieses, quien solo ahora en virtud de haber sido elegido como presidente de una junta de vecinos puede participar a las reuniones comunitarias.

Recordamos a los alcaldes ya citados y a los demás que en varias zonas de nuestro país deslegitiman y obstaculizan nuestro trabajo, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es   una Organización No Gubernamental (ONG sin fines de lucro) fundada en el año 1987 e incorporada mediante decreto dado por el Poder Ejecutivo No. 184-95 de fecha 15 de agosto del 1995.  

Según nuestros estatutos nos dedicamos “a la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, en correspondencia con la Constitución dominicana y con todos los tratados y convenios internacionales en materia de promoción y defensa  de derechos humanos firmados y ratificados por la República Dominicana”. Es más, según la Ley n. 122/05 de las Instituciones sin fines de lucro,  somos entre las  “asociaciones de beneficio público o de servicio a terceras personas, cuyas actividades se encuentran orientadas a ofrecer servicios básicos en beneficio de toda la sociedad o de segmentos del conjunto de esta”.

Recordamos también que,  empezando por la Constitución dominicana que establece los derechos de la ciudadanía en su articulo 22,  son varios los instrumentos de nuestro ordenamiento legislativo que protegen el derecho de la ciudadanía y de las asociaciones sin fines de lucro a involucrarse activamente en la toma de decisiones que tienen que ver con la vida pública.

La misma Ley ya citada n.  122/05 considera que     “una de las principales obligaciones del Estado está en la atención a la población de menores recursos económicos a fin de satisfacer sus necesidades básicas, y en la lucha contra la pobreza, entendiendo que para el cumplimiento de estas tareas, el Estado necesita, además de recursos financieros, el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que puedan potenciar su acción”, mientras que el   decreto No.685-00  “tiene por finalidad la descentralización de la gestión pública, a través de la participación de la sociedad civil para enfrentar de manera conjunta la problemática social dominicana”.

Llegando aun mas allá, la Ley n. 176/07 del Distrito Nacional y Los Municipios,  incluso establece en su artículo n. 227 que “los ayuntamientos favorecerán el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, impulsando su participación en la gestión municipal, facilitándoles la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los  medios  públicos y el acceso a las ayudas económicas para el desarrollo de sus actividades en beneficio de la comunidad”. El párrafo de esa ley establece que “el  presupuesto municipal incluirá una partida destinada a tal fin, denominada Fondo Concursable de Asociaciones sin Fines de Lucro”.

Inútil aquí señalar que jamás  hemos sido incluidos en ningún presupuesto municipal. No es importante,  ya que logramos realizar todas nuestras actividades al margen de esto.

Lo que sí deberían hacer los alcaldes y síndicos es destinar una parte de este presupuesto para su formación personal ya que es extremadamente  grave que un alcalde no sepa que los derechos humanos no tienen que ver solamente con abusos policiales y ejecuciones extrajudiciales (“con muertos” como dijo Freddy Jhonson de Villa Hermosa), sino que es nuestra tarea central vigilar y proteger también los derechos de segunda generación, o sea los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que tienen que ver con la dignidad y la calidad de vida de los ciudadanos, como el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a las infraestructuras en sus comunidades, entro otros.

En fin, todos aquellos  derechos que se ven en nuestro país mayormente afectados por la corrupción y la impunidad.”

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