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Construir o “reconstruir” Higüey con ayuda del sector privado

Por Ángel Morla

Urge reconocer, desde los principales actores políticos del país, la ineptitud para transformarlo. Para muestra, podemos partir de la concepción del “Nueva York Chiquito” de Leonel Fernández, y salvo las críticas que pueden formularse, las “grandes infraestructuras” ejecutadas han residido con exclusividad en el Distrito Nacional. Y para que no hayan adelantos ni justificaciones de parte de sus adeptos hay que dejar fuera del debate el ahora presumido proyecto RD-2044, porque, sin juzgar los méritos que pudiera tener, son objetivos que la República Dominicana en parte ya debería exhibir por lo menos ante los demás países de América Latina, inobservables al día de hoy por el descuido gubernamental a los asuntos importantes para la nación.

Los gobiernos de la “democracia” dominicana no han podido tomar el toro por los cuernos en las ya no tan lejanas comunidades del país. Elías Piña, Dajabón, Independencia, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Altagracia son evidencias palpables. Sus servicios públicos, sistemas sanitarios, organización urbana y demás infraestructuras básicas son tan débiles como lo eran en la década de 1960. El centro de la ciudad de Higüey, que pudiera convertirse en centro histórico en algunas de sus calles y, por ende, dejar de recibir circulación vehicular, no sostiene un tráfico ya incontrolable. Hay barrios que ni siquiera poseen las tuberías del acueducto y han sido asfaltadas; un evidente problema hacia el futuro que costará millones.

No es intención caer en la falacia de que lo privado se administra mejor que lo público, sin embargo, ante el fracaso en algunos segmentos de la gestión desde el Estado no se percibe salida alguna que probar suerte en otro lado. No en el privado en lo absoluto; tras algunas observaciones, el público-privado pudiera convertirse en un mecanismo que atenúe años de errores.

Determinados países latinoamericanos han visto, según se ha dicho1 la ventaja de implementar las alianzas público-privadas como mecanismo de financiación de proyectos de inversión en infraestructura. En Chile, Colombia, Perú, México y Brasil, por citar algunos, se dispone de normas sobre la implementación de estos convenios que datan de la década de 1990.

Las naciones señaladas habrían tenido consciencia de que “el sector privado puede aportar ideas de utilidad para cubrir las necesidades del (los) país(es)”2 . La carga presupuestaria dejaría de recaer únicamente sobre los ciudadanos per se: el empresariado entraría de ese modo en una participación vinculante junto al Estado.

Esta ha sido la intención, dentro de otras, del Poder Ejecutivo dominicano, con el proyecto de ley de Alianzas Público-Privadas, enviado hace poco al Congreso. Se cita la “experiencia internacional” dentro de los motivos para su aprobación; de hecho, Danilo Medina lo destacó en ocasión de una intervención suya en Guatemala en el año 2015. De la misma forma, el proyecto tiene como motivación la “corresponsabilidad y el esfuerzo conjunto de distintos sectores” para impulsar el crecimiento en un “marco de sostenibilidad”; la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley no. 1-12) figura como legislación antecedente del proyecto.

En la actualidad la República Dominicana cuenta con legislación sobre compras y contrataciones públicas, que incluye lo relativo al otorgamiento de concesiones, por lo que se intenta cubrir un vacío normativo sobre la materia en cuestión. La Ley de Alianzas Público-Privadas, de aprobarse, coexistiría junto a aquella, modificando un amplio número de sus disposiciones. El proyecto prevé la creación de la Dirección de Alianzas Público-Privadas y del Comité de Alianzas Público-Privadas.

Es una oportunidad destacable que el sector privado participe de la inversión pública, por la enorme carga que tienen los Estados en términos financieros, de ahí la conveniencia de una regulación, que haga posible la transparencia de los procesos (no olvidemos Odebrecht). El nuestro ─Estado─, con una deuda altísima, vería con beneplácito la ayuda de los empresarios. Pero no basta una simple aprobación de leyes al respecto, como en cualquier asunto de la vida cotidiana, sino su efectiva aplicación para el bien del sistema que se instituiría.

Las provincias resultarían amparadas considerablemente con la implementación de medios equitativos de desarrollo de sus infraestructuras. Contrario a lo que pudiera suponerse, el sector privado, nacional o extranjero, puede convertirse en un amortiguador importante de los embates que recibe el tesoro del Estado para enfrentar los retos complejos de los pueblos. Por eso, y sin ir más lejos en vericuetos legales que aún no son parte de nuestro universo de leyes, podemos presentar, desde la lejana provincia La Altagracia, un conjunto de cuestiones que el Estado, a través de alianzas público-privadas pudiera resolverle:

A. Suministro de agua potable para la ciudad Salvaleón de Higüey;

B. Infraestructura de transporte público;;

C. Rediseño de las calles y avenidas;

D. Ordenamiento territorial de los barrios de reciente creación;

E. Ordenamiento territorial del distrito municipal Verón-Punta Cana;

Hemos hablado por mucho tiempo de “deudas sociales”, las que se han convertido en la pieza fundamental de los discursos de los dirigentes “sindicales” y comunitarios. Tal “pasivo” del Estado sólo puede combatirse con equidad. Aunque, con razón, el sector privado no puede considerarse competencia para el sector público; una participación de acuerdo a sus capacidades es el grano de arena necesario en la búsqueda inacabable de soluciones a las necesidades de la ciudadanía.

Impera la aprobación de los planes de desarrollo provincial y municipal, pero bien hechos, no a la Bridge & Dina (brigandina) ─para conocer el colmo de la mediocridad confróntense algunos que han sido elaborados y andan por ahí circulando─. Que tengan horizonte temporal concreto, con conocimiento de la disponibilidad de recursos y que implique un pacto político interno, o sea, en la provincia. Se requiere desatar una ola de cambios en la forma de destinar dinero para obras públicas, que no solo se vayan en antojadizos proyectos mal concebidos. Si el Estado tiene que declarar propiedad privada de interés público, con la justa compensación, debe prepararse para hacerlo sin titubeos. ¡Pero, ay, cuándo será!

(1) Vasallo, J. (2015). Asociación público-privada en América Latina: Aprendiendo de la experiencia. Bogotá, Colombia: CAF Banco de Desarrollo de América Latina.

(2) Ob. Cit.

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