Parecer

El derecho a reparación en materia de propiedad intelectual: el juez de acuerdo al criterio de objetividad

Por Carmen Baltazar

El derecho a reparación en la propiedad intelectual se encuentra plasmado en el marco de la ley no. 20-00, de Propiedad Industrial, y la ley no. 65-00, sobre Derecho de Autor, las cuales tipifican las sanciones, obligaciones, y responsabilidades que existen en caso de que se produzca una violación a un derecho de propiedad intelectual, además de ser suplida por el derecho común.

En el derecho a reparación, de acuerdo con el criterio de objetividad del juez, mientras no se haya originado, el responsable no se encuentra obligado. Muchos puntos encontrados existen, donde diferentes juristas entienden; primero, que el derecho a la reparación surge a partir de la sentencia condenatoria, y otros consideran que es a partir del hecho originado.

Es importante resaltar que los daños y perjuicios pueden ser fijados de forma convencional o judicial; en el primer caso, son establecidos por las partes, y en el segundo, por el juez, eso va a depender si con la indemnización se pretende reparar el daño como si éste nunca hubiese ocurrido, que en dicho caso debe ser fijado por el juez, además de que debe situarse en el momento de la ocurrencia del daño y no al momento de valorar la sentencia.

En base al criterio de objetividad del juez  se puede considerar como el derecho o facultad por medio del cual el juez se encuentra revestido de toda imparcialidad, como principio fundamental, garantizando una efectiva justicia y que se pueda alcanzar una sentencia de conformidad con las leyes.

La parte de la objetividad del juez se podría enfocar, a través de los medios de pruebas que las partes le otorguen, así como de la demostración de la existencia de ciertos actos o hechos que crean, modifican o extinguen la situación objetiva de la controversia, constituyendo un instrumento para la obtención de la verdad y la realización de una buena administración de justicia.

Desde nuestra perspectiva, la prueba permite optimizar la fundamentación del fallo o sentencia procurando que el juez sea imparcial y objetivo. Es decir, el juez tiene la obligación de juzgar en conciencia o imparcialmente, de acuerdo a su convicción y conjuntamente con las pruebas que legalmente reciba por las partes. Siendo así, observamos que la objetividad en el fallo del juez, va a depender en cierta forma de las pruebas que les sean aportadas. De este modo, se podría estimar la objetividad o no al momento de determinar la reparación de los daños y perjuicios.

Se estila que el juez debe actuar apegado al criterio de objetividad; sin embargo, la evaluación de los daños y perjuicios siempre debe estar sujeta a criterios de razonabilidad y de motivación pertinente.

El principio de razonabilidad constituye un derecho y una garantía primordial, los cuales se encuentran salvaguardados en la Constitución de la República, donde se procura proteger un derecho y evitar la arbitrariedad en las decisiones judiciales. Cabe precisar que la razonabilidad abarca la proporcionalidad,  en vista de que ambos criterios se relacionan entre sí, estableciendo una consecuencia o expresión de la misma. Sin embargo, el principio de motivación instaura un objeto de una garantía en específico, donde en ocasiones son formuladas por normas, constituciones, etc., y donde su principal función es hacer posible un posterior control sobre las razones presentadas por el juez, como fundamentación de las decisiones.

En nuestro sistema jurídico, si bien es cierto que el juez tiene el derecho a la libre convicción, como principio que rige sus actuaciones en justicia, porque goza de poder discrecional, no es menos cierto que puede otorgar las sanciones que así entienda oportuna, dentro del marco de la ley, y en virtud a las pruebas aportadas para estatuir la reparación de los daños y perjuicios al momento de emitir una decisión judicial. Haciendo la salvedad de que, si el juez se sale de ese parámetro establecido en las leyes de propiedad intelectual, estaría cometiendo una arbitrariedad o ilegalidad.

A través de esta soberanía o libertad que se les conceden a los jueces al tomar sus decisiones, más bien conocido como el poder de discrecionalidad, el juez puede elegir entre distintas soluciones o alcances de una solución del caso, a causa de que éste no tiene soluciones predeterminadas por el sistema jurídico, sino que la ley misma le deja un margen para escoger una media entre varias alternativas, donde todas son compatibles con el sistema jurídico. En consecuencia, lo que estaría en discusión sería si el alcance de esa soberanía en algún momento afectará el derecho de una de las partes, al estatuir una sentencia desfavorable a la persona que se le ha ocasionado un daño.

Ahora bien, los límites del juez deben de abocarse a ciertos casos donde amerite que actúe con más criterio de razonabilidad y justicia, al momento de cuantificar y evaluar un daño. Es preciso hacer la aclaración de que en muchas ocasiones se han otorgado decisiones de manera desproporcional con relación al daño y al reparo emitido.

Resulta contradictorio pensar que los principios que rigen al juez en sus actuaciones puedan al mismo tiempo producir una vulneración a la tutela judicial efectiva de las partes; sin embargo, tiende a pasar en ciertos casos, donde se producen violaciones a los derechos en la Propiedad Intelectual.

No obstante, algunos fallos o sentencias pronunciados en ocasiones son totalmente desproporcionales al daño que se le ha causado a la víctima. Una vez originada esta situación se hace necesario plasmar que se deba procurar pronunciar un fallo en equidad, donde a una parte se le conceda la reparación en proporción al daño, y a la otra se le pueda establecer la sanción requerida por la ley, sin que ésta decisión le afecte de forma exorbitante, garantizando la debida protección de sus derechos en justicia a ambas partes.

La jurisprudencia como fuente del derecho  admite que debe tomarse en cuenta el principio de motivación y el alcance del derecho al dictar decisiones motivadas en los procesos jurisdiccionales como parte de la sujeción a la garantía constitucional del debido proceso. De hecho, ésta ha tipificado que los tribunales no se eximan de aglutinar los principios, reglas, normas, en general, con premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso.

Durante el desarrollo del proceso podría surgir una figura jurídica llamada liquidación por el Estado. En la liquidación por el Estado, uno de los principios fundamentales que se aplica es el de la Autonomía de la Voluntad de las Partes. Se puede considerar como una limitante al poder discrecional de los jueces; el dejar al libre albedrío de las partes; la posibilidad de que ellas se pongan de acuerdo, con respecto a las indemnizaciones a que una de ellas pudo haber sido condenada a pagar a la otra, producto de haberle comprobado una falta en el caso de una demanda en reparación de daños y perjuicios, cuando en la sentencia que ya intervino el juez no lo haya hecho. Esta facultad el legislador se la reconoce a la parte demandada, donde puede reclamar que esa reparación, que es solicitada por el demandante, sea justificada por el estado.

Se puede definir el procedimiento de liquidación por el Estado como el conjunto de operaciones realizadas unilateralmente por la parte beneficiada-acreedora, por una decisión en la cual se ordene el resarcimiento de los daños y perjuicios por ella experimentada. Para establecer el monto de dicha indemnización, y en ausencia de acuerdo entre las partes, ha de ser fijado definitivamente por el tribunal que lo ordenó. Es importante señalar que en esta liquidación se deben incluir los intereses o la indexación de dichos valores, bien sean convencionales o que el pago de los mismos sea ordenado a título de indemnización complementaria.

El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 128, reconoce como una de las facultades de los jueces, considerando que: “las sentencias que condenen a daños y perjuicios, contendrán la liquidación u ordenarán se presenten por el estado”. En tal virtud, la fijación del monto a ser pagado en la sentencia que intervenga, como indemnización en aquellas obligaciones que se limitan al pago de una suma de dinero, resultan ser una obligación a cargo de los jueces.

Evidentemente, una de las principales problemáticas en nuestro sistema jurídico, en referencia a las violaciones de los derechos a la propiedad intelectual, lo constituye la inexistencia de manera expresa el alcance que tiene el juez, dejando a su libre apreciación, por medio de criterios como la objetividad, la discrecionalidad y la razonabilidad; cuando él mismo debe emitir un fallo en equidad entre el daño y la reparación proporcionada.

Inclusive, el implementar la posible solución a esta problemática, permitiría que se pudiese obtener una sentencia equitativa entre el daño y la reparación adquirida en justicia, dando como resultado la ejecución de un criterio de objetividad  más apegado a la ley.

La autora es abogada, con maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil

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