Panorama

Escándalos de corrupción mantuvieron ocupado al Ministerio Público

La admisión de culpabilidad por parte de la empresa Embraer en el expediente de los aviones Súper Tucano, el sometimiento a la justicia de varias personas por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, la detección de un fraude en la jurisdicción inmobiliaria y las anomalías descubiertas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), figuran entre los principales casos de corrupción debatidos en la opinión pública durante el 2018.

Tras admitir su culpabilidad en el pago de 3.5 millones de dólares por concepto de sobornos para la compra de los aviones Súper Tucano, Embraer accedió a la firma de un acuerdo con la Procuraduría General de la República mediante el cual se comprometió, y así lo hizo, al resarcir al Estado con 7 millones de dólares y entregar todos los documentos relativos a la trama.

Dicho acuerdo fue homologado en agosto de este año por la juez del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, quien acogió en su totalidad las conclusiones presentada por el Ministerio.

El tribunal tomó la decisión, luego de acoger la aplicación de un juicio penal abreviado a la citada multinacional, confirmando la culpabilidad de esa empresa en estos ilícitos y aplicándole la sanción económica máxima que para el delito de soborno establece la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, que establece el pago del duplo de los sobornos.

Los Tres Brazos

Otro caso de importancia que estalló durante este año lo fue el de la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, hecho por el cual, la Procuraduría General de la República apresó y sometió a la justicia, en julio, a once exfuncionarios y varios actuales, así como a empresarios.

Los once acusados son el exdirector de Corde, Leoncio Almánzar Objío, el exconsultor jurídico, Luis José Cruz Crespo; Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual Directora Nacional de Registro de Títulos.

También, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez William y Julio César Gómez William, quienes son los principales accionistas de la sociedad comercial Infepa; Juana Inés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad Proyecciones Inmobiliarias Gómez; José Enrique de Pool Dominici principal representante de Titulatec y los agrimensores Ana Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.

Se la acusa de confabularse para vender los terrenos públicos de Los Tres Brazos, que no les pertenecían y que son de los habitantes de la comunidad.

La acusación precisa que Proyecciones Inmobiliarias Gómez se hizo pasar como una compañía para regularizar los terrenos, pero que sus verdaderas intenciones eran ejecutar un plan de venta completo y total, a precio muy por debajo del valor real. Señala que una parcela valorada en 85 millones de pesos fue vendida en tan solo cuatro millones de pesos, veinte veces por debajo de su valor.

Inmobiliaria

El más reciente de los casos de corrupción estalló en noviembre de este año en la jurisdicción inmobiliaria, organismo en donde se detectó numerosas irregularidades que incluyen suplantación de firmas de personas muertas para hacer deslindes, registros de ventas irregulares, saneamientos múltiples de las mismas porciones de tierra y notificaciones en el aire. Por el caso, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) suspendió a 19 empleados.

Caso Omsa

Otro caso de corrupción detectado en este año lo fue el de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), en donde luego de una auditoría practicada a ese organismo se descubrió que durante el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, serias irregularidades en la contratación de compras y servicios, cuyas operaciones envuelven miles de millones de pesos e involucran a funcionarios de alto nivel de esa entidad, igual que a proveedores y técnicos de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.

El informe final de la investigación especial realizada a la empresa de transporte del Estado, firmado el pasado diez de abril por los integrantes de la Cámara de Cuentas y remitido al Procurador General de la República, al exdirector de la OMSA, a la Contraloría General de la República, y a la Dirección general de Ética e Integridad Gubernamental, expone que existen “indicios ciertos, serios, graves, precisos y concordantes, que podrían determinar la responsabilidad penal” de los involucrados en esas irregularidades. La auditoría fue solicitada por la Procuraduría General de la República luego del asesinato del abogado Yuniol Ramírez.

Fuente: EL Nacional

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