Seguimiento

La captación ilícita de simpatías con miras a las elecciones del 2020

Por Ángel Morla

A muchas personas les resulta molesto el grado de inobservancia de las normas jurídicas que se puede llegar a tener en la República Dominicana. No llega a muchos individuos ese espíritu disuasivo que están llamadas a tener las leyes aprobadas por nuestro Congreso Nacional, tendientes a regularizar ciertos comportamientos y situaciones de la vida cotidiana que, de no ser objeto de previsiones, indicaciones y, cómo no, sanciones, harían de la sociedad un caos.

Dentro de los que sienten repulsa por la ausencia de conciencia y temor hacia lo jurídicamente prohibido o regulado existen quienes pueden, con amplias facultades, ayudar a reducir la desobediencia injustificada del derecho. Quiero referirme específicamente a las autoridades, del ámbito que sea; y en este caso, a la Junta Central Electoral, que posiblemente debe tener en los actuales momentos  la mayor carga de trabajo que institución pública alguna.

El contexto de las elecciones primarias de octubre, las de febrero y mayo del año próximo implican no sólo muchísimo dinero, sino operaciones técnicas y administrativas delicadas. En este sentido, podría tornarse cuesta arriba mantener el equilibrio en las distintas esferas de actuación del organismo electoral y de registro civil dominicano. En el aspecto electoral supongamos que la experiencia atenúa la presión que ahora mismo tiene la Junta Central Electoral. Ahora bien, la tarea de vigilar y fiscalizar las actuaciones de las organizaciones políticas, en el marco de las nuevas leyes, de Partidos y de Régimen Electoral, que plantean nuevas exigencias, retos y consecuencias jurídicas, hace que la implicación de los funcionarios de este ente público sea mayor y más compleja.

Es así que el control de las limitaciones contenidas en la Ley de Partidos al proselitismo supone disponer de mecanismos para mantener la fiebre de aspiraciones a raya. Esta normativa prohíbe las actividades de captación de adeptos de manera extemporánea, y por lo tanto ilícita; lo que el Reglamento de Aplicación llama “previo de precampaña”, que es el momento en el cual se mueven los aspirantes en el seno de su organización.

La norma se va más lejos cuando sanciona con la inadmisibilidad de la candidatura las violación a las disposiciones que prohíben el proselitismo fuera de tiempo, es decir. Con la nueva ley, la JCE estableció un calendario, conocido por los partidos, con los plazos legales correspondientes. Dentro de estos se fija el primer domingo de julio del año preelectoral para el inicio de la precampaña. Este año lo será el domingo 7 de julio.

Por esto, es aconsejable que tanto la Junta como los partidos adviertan a sus miembros de esperar la fecha pautada; la primera debe garantizar a la ciudadanía que se cumplirá con los preceptos legales: todo el que vulnere plazos que reciba la sanción de la inadmisibilidad de la candidatura. Por consiguiente, usted, amigo aspirante, debería calmar un poco sus ánimos y no aventurarse con jolgorios que sobrepasen la intimidad de su partido, agrupación o movimiento político, para que no pierda su derecho a ser candidato.

 

Etiquetas

Relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
1
Escribanos y envíenos sus denuncias.
Powered by