Parecer

La defensa pública en la República Dominicana

Por Víctor Turbí Ysabel

El gran, agudizado y profundo problema de la defensa pública en la República Dominicana no es ni será exactamente de un director. Las principales decisiones de la Oficina Nacional de Defensa Pública en políticas-públicas jurídicas se toman de manera colegiada, incluso de otras instituciones.

La significativa problemática radica en el esquema, estructuración, metodología y mecanismo utilizados para evaluar y asumir los casos, que deben ser en virtud de requisitos específicos, los cuales se correspondan en su justa dimensión a una necesaria y merecida defensa efectiva.

La cantidad de casos:

a) Económicamente sería un barril sin fondo;

b) Defensas, instancias y acciones recursivas con anemia jurídica; y

c) Defensores sin las más mínimas condiciones de espacios físicos, tecnológicos y sin herramientas para la investigación que conlleva mínimamente una aceptable defensa.

De las tres observaciones anteriores se desprende que, de manera irrespetuosa, se escucha decir: Tal o cual defensor tiene a su cargo 125 y hasta 150 procesos; elementalmente no es posible tener un buen desempeño con esta cantidad, y nadie está obligado a lo imposible, lo que técnica y procesalmente ni siquiera imaginar (defensas y demás, sólo en cuanto a la forma y en el fondo, jurídicamente no se tiene idea).

Hace mucho tiempo, la defensa pública perdió su verdadera esencia fundamental para la cual fue creada y establecida en nuestra legislación dominicana; se inclinó en trayecto por un derrotero muy distante de lo que es defensa pública efectiva en otros países de la región, y de nuestra propia realidad jurídica, social y económica.

Para debilitarla más, se creó representación de las víctimas en justicia, no entendiéndose así que el Estado es lo suficientemente fuerte para accionar en defensa de estas víctimas, y no tener que destinar éstos recursos económicos y humanos a tales fines; todo lo contrario: debieron ser para fortalecer aún más la propia defensa pública.

Finalmente, de no producirse una reforma legislativa profunda, en aras de definir su original rol, naturaleza y operatividad, en la defensa pública, al final de todos los años en el último trimestre, tendremos:

a) Solicitud de mucho, pero mucho más recursos económicos al Congreso Nacional;

b) Evidente aumento y, por ende, ahogamiento de procesos para los defensores;

c) Menos calidad, eficiencia, funcionamiento, y avance de la institución;

d) Muy pocos defensores en el país, la ley de la oferta y la demanda, y más desencanto de los mismos por las propias condiciones; y

e) Como uno de los actores importantes en todo sistema de justicia será sólo uno más, convirtiéndose así en otro problema que hace más crítico y limitado, precisamente, el sistema de justicia dominicano.

El próximo artículo lo será en el mismo contexto del tema en cuestión, pero desde una dinámica y punto de vista constitucional, convencional y legal.

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