Seguimiento

La erradicación de la pobreza extrema: el caso de La Altagracia (1)

Por Ángel Morla

No es casualidad que le párrafos al tema de los Objetivos de Desarrollo de Sostenible (ODS). Muchos antecedentes posibilitan este tipo de escritos. Con la unión de voluntades de los países que conforman el sistema de Naciones Unidas me parece que hemos divisado, si no toda, al menos un porción de la luz que le esperaría a la humanidad al final del túnel del subdesarrollo. La caverna de Platón, por fin, quedaría cubierta para siempre y su oscuridad desplazada con el faro ultra incandescente del desarrollo humano. De ser así, los retos por venir, siempre inevitables, contarían con menos armas para debilitar la supervivencia de la especie humana.

Desde los inicios de SEGUIMIENTO, he venido jugueteando con el marco jurídico que regula la planificación y el desarrollo, importantes tareas para el Estado dominicano. A inicios del siglo conformamos un ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, creado por ley y debidamente reglamentado. Anteriormente, si bien tuvimos instrumentos de planificación e inversión en la esfera pública, cabe anotar que el lenguaje común de la comunidad internacional, con términos como sostenibilidad, transparencia, estrategia de desarrollo, cambio climático,  y muchos otros no era precisamente parte de la terminología utilizada por los planificadores locales.

Pero más que esta cuestión de la institucionalidad, juridicidad y lengüaje al respecto del desarrollo sostenible para la República Dominicana, es el interés por ubicar, como bien apunto en el primer párrafo, los medios hacia la superación del subdesarrollo lo que hace que me embarque en descubrir suficiente literatura sobre el tema. De algún modo, he considerado que los fines están ya  bien pensados y ponderados; puede decirse que el trabajo intelectual ha sentado buenas bases.

Ahora, lo que está pendiente es hacer funcionar ese trabajo intelectual, sin apelar, por supuesto, a la falsa dicotomía de teoría y práctica. En el sentido de Marx, debemos detenernos brevemente para transformar el mundo y suavizar el trabajo del pensamiento (precisamente porque  en nuestra patria no es, por cierto, “pensar bien” la mejor habilidad). Hemos sido, al decir del jurista José Alberto Cruceta, “importadores” del pensamiento ajeno, por ejemplo hemos tomado el Derecho de aquellos “países que lo producen”. Así, priorizar, con los criterios que se ha hecho en otras latitudes, no es del tipo de “producción racional” que debiéramos considerar para aplicar nuestra visión de desarrollo, porque tenemos realidades distintas.

Sin entrar más allá de lo que es procedente, a lo que me refiero es a que resulta relativamente factible conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible siempre y cuando no se opte por una atención absoluta a ciertas zonas, discreción de la que ha pecado la administración pública dominicana desde que seguimos una estrategia de desarrollo. Parece ser que malas sugerencias, seguidas de lo que he venido llamando “el mito de  la permanente bonanza oriental”, han extendido la indiferencia hacia el este dominicano, y su consecuente estancamiento como segmento poblacional.

De ahí que la gestión responsable sea un proyecto político pendiente, incompleto, y hasta mediocre. Ni siquiera hay que agregar a la responsabilidad un valor de “progresismo”, puesto que a nadie le cabe dudas de lo mucho que se logra siendo atento con lo que toca, aunque falte creatividad, que es por mucho una competencia al alcance de cualquier ser humano. Y, con sobrada razón, lo sería para ciertas autoridades, que tienen un ejercicio de la política como mero juego de poder, de “tronos”, no de ciencia y servicio. La improvisación se convierte, en consecuencia, en práctica habitual que funciona aún sin que nos demos cuenta, y sin que sea excusa para ellos, como una especie paralogismo, no en el sentido de razonamientos falsos, sino de acciones falsas o equivocadas. Esto, amables lectores, son errores derivados de la ignorancia, de la torpeza y hasta de la falta de voluntad.

Tales falencias posibilitan un Estado que fabrica “políticas públicas”, a través de instituciones que fallan con paralogismos del tipo práctico, como indiqué. Se promociona desde los gobiernos, con asiduidad, una creatividad que no es tal, porque, al decir de Quintero (como se citó en Torres-Melo & Santander, 2013)1 las acciones que no siguen una estrategia predeterminada de acción no caben en el concepto de política pública. Por consiguiente, “no toda acción gubernamental es política pública”.

Más aun, tampoco es adecuado que un mecanismo de control social indirecto, como me parece bien llamar a la rendición de cuentas, sea utilizado por las autoridades como campaña de visualización de la consecución de metas. Si las políticas públicas forman parte de estrategias bien definidas, de caminos seguidos por el político, en el contexto de una rendición de cuentas se impone el deber de diferenciar entre lo que es de obligatorio cumplimiento y aquello que surge como iniciativa del plan de gobierno. A seguidas, puede el ciudadano distinguir con seguridad lo que es “cuento” y lo que no; lo que es obligación jurídica del que rinde cuentas y lo que ha surgido de su “ingeniería” o “diseño” para la sociedad.

Es el error del gobierno de Danilo Medina, que defiende la asignación del 4 % para la educación, en su catalogo de “grandes logros”, según consta en el portal de internet creado al efecto, como si fuera una política pública, no obstante ser una disposición legal de 1997. En el año 2015, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, en una ponencia2 ante la ONU, la señaló como política pública. Podría dedicarme a buscar algunos ejemplos emblemáticos, pero no es el ánimo ahora. Por lo tanto, con lo que debemos quedarnos es con la noción clara de que para lograr los ODS no bastan acciones gubernamentales, sino políticas adscritas a un mapa bien cartografiado, sin discriminación de territorios.

En la edición anterior mencioné los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Empezaré con el primero: Fin de la Pobreza Extrema. Aunque en el plano práctico se trabajan de manera transversal, o sea, integrándolo a otros objetivos para concretar resultados, en diversos trabajos a publicar en SEGUIMIENTO lo abordaré de manera aislada. Agregaré, además, a este y a todos los trabajos en adelante, una propuesta tentativa, para que vea el lector que es posible el fin de nuestros males sociales. Únicamente será relevante la realidad de la provincia La Altagracia y el oriente dominicano, para ser menos extensivos y visualizar alternativas posibles y manejables. Y no usaré sino las propias estadísticas y planes oficiales, en un intento por demostrar la ineficacia e inoperatividad de las propias “políticas públicas” de la administración del Estado.

Para esto, hay preguntas elementales que hacerse: ¿Qué es eso de pobreza extrema?; ¿Cuántos hogares/personas se consideran que viven en pobreza extrema en  La Altagracia, su municipio capital Higüey, sus distritos municipales, secciones, parajes, barrios, sub-barrios? ¿Qué se podría hacer? ¿Es indispensable la disposición de recursos económicos exorbitantes? ¿Cómo veo posible la erradicación de la pobreza extrema en La Altagracia, de aquí a 2030?

(1) Torres-Melo, J., Santander, J. (2013).  Introducción a las políticas públicas. Bogotá, Colombia: IEMP Ediciones.

(2) Peralta, J. [Presidencia República Dominicana] (2015, octubre 15). En ONU Peralta destaca efectividad políticas públicas para combate pobreza en RD [Archivo de video]. Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=iYBxLYxktOQ

 

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