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Legalidad o no de entregar el 30% de los ahorros de las AFP a los trabajadores por el coronavirus COVID 19

Por César Antonio García Cedeño

El actual Sistema Dominicano de Pensiones se instituye el 9 de mayo de 2001, con la promulgación de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esta Ley fue resultado del consenso entre los sectores gubernamentales, empleadores  trabajadores, donde a través de un esquema abierto y participativo la República Dominicana se unió al grupo de países latinoamericanos que en décadas recientes han implementado una de las reformas estructurales de mayor

Durante muchos años se había discutido sobre la necesidad de dotar al país de un sistema de seguridad social integral, pero es a finales de la década de los noventa cuando las discusiones relacionadas con una reforma a la seguridad social, en particular al sistema de pensiones, comienzan a evidenciar resultados.

Es así como posteriormente, se marca un hito en la historia del país, cuando en mayo de 2001 se aprueba la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Ésta establece el sistema previsional actual, con el propósito de incrementar el bienestar de los trabajadores asalariados, los trabajadores dominicanos residentes en el exterior y los trabajadores independientes, quienes podrán disfrutar en los años de retiro de una mejor calidad de vida, a través de un sistema que gestiona el ahorro proveniente de su trabajo, les garantiza una adecuada inversión de dichos fondos y, por consiguiente, la disponibilidad de una pensión al momento del retiro, así como de distintos beneficios previsionales. Asimismo, se establecen además esquemas de protección para la población de escasos recursos, como parte de una política general tendente a reducir los niveles de pobreza.

La Superintendencia de Pensiones es una entidad estatal, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que a nombre y representación del Estado Dominicano ejerce la función de velar por el estricto cumplimiento de la Ley 87-01 y sus normas complementarias, de proteger los intereses de los afiliados, de vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de contribuir a fortalecer el Sistema Previsional Dominicano. Dentro de sus atribuciones principales están:

  • Proteger los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios.
  • Velar por la transparencia del mercado y el cumplimiento de la Ley y sus normas complementarias.
  • Garantizar la solvencia y eficiencia de los entes del Sistema Previsional.
  • Ser una Superintendencia altamente competitiva, moderna y eficaz.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son sociedades anónimas que tienen por objetivo administrar un fondo de pensiones y otorgar a sus afiliados las prestaciones que establece la Ley. Se financian a través del cobro de comisiones a sus afiliados y podrán aumentar los ahorros de estos mediante inversiones.

El artículo 14 de la Ley 87-01, establece: Aportación del empleador y del trabajador, El empleador contribuirá al financiamiento del Régimen Contributivo, tanto para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia como para el Seguro Familiar de Salud, con el setenta (70) por ciento del costo total y al trabajador le corresponderá el treinta (30) por ciento restante. El costo del seguro de Riesgos Laborales será cubierto en un cien por ciento (100%) por el empleador. En adición, el empleador aportará el cero punto cuatro (0.4) por ciento del salario cotizable para cubrir el Fondo de Solidaridad Social del sistema previsional.

Los afiliados, sin importar la edad, recibirán una pensión de acuerdo a los aportes realizados, más los intereses y utilidades acumulados durante su vida laboral. Los nuevos afiliados con más de 45 años de edad podrán hacer aportes adicionales, exentos de impuestos, a fin de incrementar su fondo de pensión para el retiro. El monto de su pensión será actualizado periódicamente de acuerdo al índice de precios al consumidor.

Nuestra Carta Magna dispone en su artículo 60: Derecho a la Seguridad Social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez.

El Derecho a la Seguridad Social sea convertido en una garantía del derecho a vivir una vida digna, la cual se encuentra a su favor en las situaciones más difíciles de su vida, tales como el desempleo, vejez, discapacidad y enfermedad. Es evidente que la Constitución les otorga este derecho a las personas para proteger y asegurar el acceso digno en una futura enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez. Tomando en consideración que la ley 87-01, fue creada para garantizar la protección de todos los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad tales como, enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez.

El Derecho a la Seguridad Social se encuentra íntimamente ligado con los derechos a la salud y al trabajo, consagrados estos en los artículos 60 y 61 de nuestra Constitución, toda vez que lo que persigue con el acceso a la Seguridad Social es contribuir a que los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad puedan acceder a la salud y contar con algún medio de sustento si no pudieran seguir trabajando, lo que demuestra la armonía de esta disposición con la Constitución.

Por otro lado, respecto a la exigibilidad del Derecho de la Seguridad Social en el ámbito jurisdiccional o judicial, consideramos conveniente destacar que no es posible en todos los casos, puesto que por tratarse de una obligación de estimular y promover el acceso universal al sistema de Seguridad Social, solo será admisible el reclamo cuando no se cumplan dichos presupuestos o cuando el estado con sus acciones impida el acceso a los beneficios que se deriven de la Seguridad Social. Es por ello, que la admisión de la reclamación judicial deberá ser ponderada conforme las circunstancias del caso particular, reconociendo que solo cuando la omisión de la obligación o la acción contraria al contenido de la norma se manifiesten, podrá el tribunal intervenir para hacer efectivo el cumplimiento del derecho.

De nuestra parte podemos advertir, que tanto la Constitución como la ley 87-01, impiden que esos fondos sean utilizados para otro fin que no sea la pensión de los trabajadores bajo las condiciones establecidas por la Ley. En el caso de que se le admitiera la entrega del treinta (30) por ciento a los trabajadores antes del plazo que establece la Ley para que estos reciban un avance de su pensión, se estaría vulnerando el derecho a vivir una vida digna en situación de desempleo, discapacidad o vejez, ya que recibiría al momento de su retiro un monto menor al establecido por la Ley, lo que conllevaría, que los trabajadores no satisfagan sus necesidades básicas con el monto pírrico a ser pensionados.

Es por esta situación que creemos que no es conveniente que los trabajadores se sometan a ser desprendidos de sus ahorros para un retiro digno, ya que pudiera ser un caramelo envenenado el hecho de abogar para que en este tiempo de pandemia sea modificada la Constitución y una Ley, donde los trabajadores supuestamente serán los “beneficiados” a corto plazo y perjudicados al momento de su retiro, por lo tanto entendemos que en este momento, en medio de la crisis, proveer el acceso a los fondos ya acumulados no es la solución.

El autor es abogado y catedrático

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