Parecer

Límites a los ciudadanos

Namphi Rodríguez

Una de las reformas más sustantiva en el país tras la Constitución del 2010 ha sido la Ley 107-13, de Derechos de las Personas ante la Administración y de Procedimiento Administrativo.
Por vez primera en la legislación dominicana se compatibilizaron no sólo los derechos de los ciudadanos ante la administración pública, sino el procedimiento para el dictado de actos administrativos, reglamentos y contratos.
En adición, la ley contempla los principios de la potestad sancionadora, así como enuncia los procedimientos arbitral y para la declaratoria de lesividad.
Pero, uno de los pilares fundamentales de dicha norma es la consagración del principio de proporcionalidad que prevé en su artículo 3 y en virtud del cual las decisiones de la Administración cuando resulten restrictivas de los derechos de las personas habrán de ser aptos, coherentes y útiles para alcanzar el fin de interés general que se persigue en cada caso y deberán ser necesarias por no encontrarse un medio con igual grado de eficacia.
Se trata de un trasunto del mismo principio contemplado en el artículo 74.2 de la Constitución.
Para este principio, los medios sólo son adecuados si permiten alcanzar el objetivo que se busca, lo que exige realizar un juicio de idoneidad, utilidad práctica o coherencia entre medios y fines.
Como afirma el jurista español David Blanquer, “si no es viable el logro del resultado que se aspira a alcanzar para proteger los intereses generales, el medio jurídico utilizado por la burocracia será inadecuado, inidóneo e incongruente con el fin perseguido”.
Su interpretación nos lleva a afirmar que la intensidad en el ejercicio de las potestades de la administración pública está determinada por un necesario equilibrio entre las restricciones y los derechos.
El principio de proporcionalidad evoca un criterio de justicia, siempre en clave de garantía de máxima intangibilidad de la esfera de interés del individuo frente a la intervención pública.
Santamaría Pastor nos recuerda que toda intervención del poder público debe ir dirigida a garantizar un fin de interés general que justifique una restricción de un derecho del individuo como medio imprescindible o inevitable para su consecución. El principio de proporcionalidad opera dentro de la lógica regla-excepción, donde la regla es la máxima operatividad del derecho y la excepción su restricción.
La proporcionalidad es un correlato del principio a favor de la libertad, que prevé que “toda persona tiene derecho a la libertad” (art. 40 de la Constitución), por lo que la Administración al momento de materializar una actuación administrativa deberá optar por la fórmula que resulte más favorable al derecho de la persona afectada (art. 74.4 de la Constitución).

 

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