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Los zigzagueos de la “democracia” dominicana: las obras de los “trabajadores del poder” (I)

Por Ángel Morla

(I)

Los partidos se enfrascan en problemas sobre normas

Confieso, lectores, que quise colocar un pequeño reloj de arena y sentarme a esperar que el último granito reposara en la superficie, a ver si en un corto tiempo el PLD no caía en la boca del lobo. Pero, ya se imaginarán, no fue posible por dos razones: la primera, no tengo el dichoso reloj de arena  ─aunque me hubiese sentido a gusto con alguna aplicación para teléfono inteligente─; la segunda, el partido oficialista está tan enredado en el tejido atrayente de la opinión pública que es imposible pensarlo fuera de los discursos públicos de este casi medio año 2019.

Si me permiten haré una crónica, acompañada, cómo no, de interrogantes y, si se quiere, de algo parecido a una predicción ─no adivinanza─, a posibles cursos de acción o consecuencias que resultarían provechosas para ponerle mejor cara a la actual situación que antecede los tiempos electoreros. Allá voy:

Nuestro Congreso Nacional tanteó una ley electoral durante muchísimas legislaturas antes de convertirla en enunciaciones jurídicas vinculantes para el derecho a elegir y ser elegido; la organización del sistema electoral que manda la Constitución; el régimen de sujeción para los partidos políticos y los aspirantes; y todos los componentes que ya ustedes conocerán cuando estudien el texto en cuestión. Sucede, mis estimados, que por fin terminó la discusión y ya tenemos el pan salido del horno ─como saben, aquí en Dominicana creemos que tener una ley es haberle tirado una foto al agujero negro que recientemente se dio a conocer a la humanidad─.

Fíjense ahora: el texto de la ley trae de cabeza a los obreros de la democracia; tanto el omnímodo Partido de la Liberación Dominicana (PLD)  como el perseverante Partido Revolucionario Moderno (PRM) discuten el voto de arrastre en el nivel de los legisladores, dígase, no quieren que el senador se aproveche de los diputados y gane por los votos de estos. Ahora, han puesto a la Junta Central Electoral a interpretar la ley y tomar una decisión con premura.

El presidente de la comisión bicameral que dirigió los debates que dieron al traste con la aprobación de la ley electoral, el senador del PLD por Puerto Plata, Arístides Victoria Yeb, se ha defendido diciendo que el PRM “cedió en el tema del voto de arrastre”1 para que dicha ley pasara.

Un punto que hay que considerar importante para no dejarnos llevar por declaraciones histriónicas de un partido que tiene de ansias desplazar al gobierno de turno (PRM)  es la propia declaración de Victoria Yeb de que el PRM estaría de acuerdo con el arrastre entre diputados, aunque se excluya en el nivel senatorial. Para no perder coherencia en ese aspecto al PRM le es conveniente seguir su defensa de la inconstitucionalidad del voto de arrastre y proseguir luchando por la eliminación de esa modalidad electoral. Los congresistas discuten sobre dos disposiciones contenidas en la norma electoral: los artículos 92 y 267. Estos dicen:

Artículo 92.- Clasificación de Elecciones. Se establece la siguiente clasificación para las elecciones:

5. Niveles de elecciones. Se denominará nivel de elecciones el que contienen candidaturas indivisibles o no fraccionables en sí mismas.

7. Nivel Senatorial. Se refiere a la elección de senadores.

8. Nivel de diputaciones. Se refiere a la elección conjunta de diputados por demarcación territorial, diputados nacionales por acumulación de votos y diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior.

Artículo 267.- Sistema de designación de Escaños. Para la asignación de escaños correspondientes a los representantes electos para la Cámara de Diputados, Concejos de Regidores y Juntas de Vocales, se utilizará el sistema establecido en la Ley No. 157-13, sobre Voto Preferencial.

Nos desplazamos a la ley no. 157-13, que plantea:

Artículo 4.- Para la determinación de la cantidad de escaños obtenidos por cada partido o agrupación política en cada demarcación electoral para el nivel congresional se utilice (sic) el método proporcional D’Hondt a los fines de garantizar la representación de las minorías conforme lo establecen la Constitución de la República, del 26 de enero de 2010, y la Ley Electoral No. 275-97, del 21 de diciembre de 1997.

La ley electoral de 1997 ya es historia, por eso se puede cuestionar la utilidad de la ley no. 157-13, que se apoya, en parte, en una norma extinta. Como la que prevalece hoy es la no. 15-19, del Régimen Electoral, se puede seguir haciendo lo que esta ordene sobre la ley del 2013, pero no hay ninguna obligación de atacar sistemas o métodos que vengan de la antigua ley de 1997, ello es procedente sólo si la hoy vigente lo dispone en su contenido.

El triunfo interpretativo estaría justificado en la inconstitucionalidad del voto del arrastre, por vulnerar el voto directo. El PRM está en lo cierto; aunque se le caería su argumentación de procurar el arrastre entre diputados, como afirma el senador nagüero. Como “pilar” de la oposición, tiene la tarea de intentar construir una línea de contienda que busque de la Junta Central Electoral un proceso con más luces que sombras, y eso está bien cuesta arriba.

En otra dimensión, los partidos que participarán en las primarias del 6 de octubre serán únicamente los mayoritarios. Es un error de los partidos minoritarios (Alianza País y Opción Democrática) haberse abstenido de participar, intentando forzar una coalición. Hubiese sido mejor ir cada uno por su lado; no se puede luchar así contra el bipartidismo, simplemente no se puede. Y el PRD de Miguel Vargas también decidió no participar. Nos toca ver en qué terminarán su tranque en el Tribunal Superior Electoral, si el grupo Rescate logra desplazar a los seguidores de Vargas de la dirección del Partido, de donde no debería sorprendernos un entendimiento con el PRM. A estos últimos les favorecería este desenlace en el PRD, para restarle fuerza al torrente reeleccionista del PLD.

Mientras tanto, sigue la pelea por la interpretación de la ley electoral, en la que la Junta Central Electoral pretende darle sentido a lo que está bien claro: debe mantenerse, según la ley, el arrastre de los senadores. Me temo que el PLD tiene por ahora la razón, desde el punto de vista jurídico. El ataque a la inconstitucionalidad del voto de arrastre debe perseguirse ante el Tribunal Constitucional, a menos que se embarquen en la titánica tarea de perseguir la derogación de la ley 157-13. El órgano rector del sistema electoral, la JCE, no luce que vaya a separar las elecciones en el nivel congresual ─ya dividido por la ley, sin referirse a las elecciones como tales─, cuando están de por sí obligados a montar las elecciones de febrero, en las que finalmente debe implementarse el voto preferencial para elegir a regidores y vocales en los distritos municipales.

Continuará…

(1) Véase https://www.youtube.com/watch?v=l_hX0UoaLqM

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