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Los zigzagueos de la “democracia” dominicana: las obras de los “trabajadores del poder” (II)

Por Ángel Morla

(II)

Los obreros colocan los bloques del orden jurídico

Si viviéramos en mayo de 1965 la capital dominicana discurriría de trinchera en trinchera conteniendo las ametralladoras del invasor. El PRD se reuniría a puerta cerrada buscando la próxima táctica contra Wessin y Wessin y la sombra del Balaguer que se había ido para volver un año después a ponerse la banda presidencial de las manos de Héctor García Godoy. Caamaño conversaría con algún soldado de los hombres rana a la vez que mitigara el calor con su sombrero ─escribo esto a las 2:55 de la tarde─. Y así, mil simultaneidades más. Aquéllos meses, dicen los que saben, pasaron con una lentitud marcada, como si los relojes se lubricaran con miel.

Pero no es así, lector, el ’65 quedó atrás y el mes que acaba de abandonarnos no fue el de las hazañas patrióticas de Peña Gómez, las destrezas militares de Caamaño y Montes Arache ni la vigilancia activa de un Santo Domingo alborotado; por lo contrario, el mes que nos transcurrió fue un abril de contienda “diplomática”, amagues tuiteros y notas de prensa. Fue, sobre todo, un abril típico de la actualidad, las siglas discutieron como la gente, con moderada decencia.

El PRM (la transfigurada ánima del PRD) y el PLD (el ánima cuya mortalidad ahora constatamos), junto a los demás partidos, se sentaron tranquilos en los salones de la Junta Central Electoral para hacer acotaciones, plantear críticas, pero nunca, nunca, intentar un abril como el de antaño. Porque los azotes al orden democrático ya no se hacen con el fuego cruzado de las guerras civiles o los golpes de Estado.

Todo el trabajo de los obreros de la “democracia” ha sido distinto y la voz cantante sobrevive, asimismo, en el seno del Congreso Nacional, que parece una fábrica inconsciente de normas jurídicas. La falla constante en la construcción de coherencia en el poder legislativo dominicano nos ha conducido a un terreno de ventajas para que encajen las piezas de un rompecabezas que no queremos armar, porque es evidentemente incompatible con los demás componentes para estructurar el Estado ideal al que la sociedad aspira.

En el artículo anterior había mencionado la improbabilidad de que la Junta Central Electoral cediera con relación al arrastre de los senadores. Así sucedió, en parte, aunque el presidente, Julio César Castaños Guzmán manifieste que la distinción entre provincias con circunscripciones y voto de arrastre de otras que no tienen ese carácter es “una conquista”. Lo constatable es que así parece, desde su esquina de combate. Digo que así parece porque con el lodazal lingüístico que produjo el Congreso Nacional con la ley no. 15-19 la institución tuvo que emular a Reinaldo Pared y pasar por ahí sin salpicarse de la tierra húmeda. Hay que plantear dos puntos con relación al tema del voto:

1) El asunto del voto directo de la Constitución tiene sus fugas, no por lo injusto e inconstitucional del arrastre ─que así lo considero─ sino por equívoco. No está clara la noción de “voto directo”. Guillermo Moreno1 afirma, por ejemplo, que “(…) lo que la Constitución está disponiendo es que el ciudadano no puede elegir a sus representantes por la intermediación de otra persona”. Pero este carácter no es constitutivo del voto de arrastre, que de alguna forma es directo. El ciudadano vota directamente cuando va a las urnas e indica los símbolos de su partido en la boleta electoral.

2) Hay que admitir, honestamente, que el pleno de la Junta Central Electoral esquiva los embates de las críticas con seguridad y sentimiento de certeza; en definitiva, su tarea implica darle sentido a las normas que lo obligan, tanto por las atribuciones constitucionales como por la consecuencia derivada de la iniciativa de ley que se le concede a la JCE. Si puede promover iniciativa, por qué no iba a poder aclarar lo oscuro de un texto jurídico inherente a ella una vez en vigor.

El presidente de la Junta Central Electoral invocó en rueda de prensa el contenido del artículo 77 de la Carta Magna, que señala: “La elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos que establezca la ley”. Pero esa ley reservada dice que hay un nivel senatorial y un nivel de diputaciones, y que los niveles no son fraccionables. Entonces ¿no se está fraccionando el voto cuando se hace depender la elección de un senador de la de los votos de los diputados? El artículo 104 de la ley electoral se pronuncia como si no destruyera esa idea, pues indica que al senador se le computan los votos de los partidos, de modo que se no individualiza la elección, sino que se vuelve indivisible el voto del ciudadano hacia el partido. Es decir, las candidaturas no se pueden fraccionar, pero no se menciona nada sobre fundirlas con otras.

Estos dos puntos darían a entender que hay dos tipos de elección, la de circunscripciones y la de los territorios donde no hay circunscripciones. Hasta ahí la ley estaría creando un trato desigual para los territorios del país. Y con eso, fíjense, se perjudicaría a los territorios con más habitantes, que resultan ser los que concentran más electores. Sin embargo no es así, porque una determinada fuerza política se beneficiaría de esa ventaja, propiciando que sea difícil ganar donde hay más escaños al Congreso. En resumen, mis amigos, la Junta Central Electoral quebrantaría con su decisión el principio sagrado de la igualdad, superior a cualquier ley que diferencie voto de arrastre en un sitio y voto sin arrastre en otro.

Aun así, expresiones como la de Marte Piatini, que dijo que la Junta Central Electoral “se orinó en la Constitución”, a lo mejor vayan muy lejos, porque la verdadera torpeza nació en el Congreso Nacional, por no trabajar con cuidado en evitar problemas del que ahora la entidad electoral procura alivianar. No es defensa hacia la JCE lo que hacemos en este artículo, sino el reconocimiento de que era inevitable llegar a esta línea de frontera con el caos institucional.

A la altura del momento, lo mejor que se puede hacer es procurar que el pragmatismo de la Junta no vaya a vulnerar esencialmente todo el sistema jurídico, y mantenga un equilibrio institucional. Ya lo he dicho, son las obras de los “trabajadores del poder”, obreros de la “democracia” que levantan una Torre de Pisa defendiendo el equilibrio a los ojos atentos que visualizan la caída por exceso de inclinación de todo el Estado dominicano.

 

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