Seguimiento

Quién maneja y dispone del sector Agua en la República Dominicana (1)

Por Ángel Morla

Las complejas redes de la administración pública: dispersión institucional en sectores de importancia vital

Los reclamos populares se suspenden con relación a determinados ámbitos problemáticos. No sucede de tal manera por elección o voluntad de quienes ejecutan los reclamos. Muy por lo contrario: el propio devenir implica la subordinación de determinados tópicos frente a otros que adquieren relevancia. Diríamos que se trata de la conocida y popular expresión “un tema saca otro”.

Los reclamos sociales en Higüey se han volcado hacia el sector eléctrico, específicamente frente a la empresa pública de suministro de la energía en la región. Justamente anteayer, miércoles 11 de julio, un sector de la dirigencia comunitaria de esta ciudad se encontraba frente a los oficinas de la entidad de servicios reclamando la normalización de la energía, que ha venido afectando a múltiples barrios con apagones que algunos llaman “financieros”.

Como no pretendemos dejarnos arrastrar por la ola del tema que saca a otro, continuaremos el abordaje del suministro esencial para el desarrollo de las principales actividades de la vida humana el agua. Quedará ya claro en los lectores que nos acompañan en Puro Higüeyano las estadísticas rendidas en entregas anteriores, lo que los deja un tanto bien ubicados para seguir la ilación de los puntos esbozados en la sección Seguimiento.

Al finalizar la entrega no. 2: El suministro idóneo del agua: necesidad inminente e irremplazable, ciertas preguntas quedaron tendidas; de modo que en orden descendente se cuestionó la calidad del agua suministrada a las poblaciones a nivel del continente, región, subregión, país, región local del país y, finalmente, la provincia La Altagracia.  Hablábamos de la OMS y las pautas que ésta a los países, algunas con carácter vinculante, otras simplemente orientativas, en las distintas materias que en salud son importantes y deben observarse.

En la entrega no. 3 La realidad de La Altagracia ¿Con qué contamos para conseguir verdades?, el punto de atención se puso en el aspecto institucional. De dónde sacamos la información para tener luz en el camino. Puesto que es la única manera de coordinar las acciones tendentes a descubrir verdades, debimos hablar de las estadísticas, y la institución pública dominicana encargada, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Hoy, por supuesto, es pertinente que hablemos de otras instituciones. Y para anticiparnos, haremos un paréntesis confesando que la línea argumentativa de los escritos de Seguimiento tendrá como pilar la institucionalidad, el rol de cada unidad operativa de gobierno, que son los instrumentos para conseguir los fines de bienestar y desarrollo.

Dicho esto, revelamos las instituciones de esta entrega, tales como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre muchísimos más de la pesada burocracia dominicana. La complejísima administración pública está diseñada de acuerdo a ciertas reglas dictadas por los cánones constitucionales y por la legislación dominicana.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados se crea en 1962, durante el Consejo de Estado que encabezó Rafael F. Bonelly, luego de la dictadura. La ley que lo instituye es la No. 5994/62. Según esta, el gobierno dominicano tenía la preocupación de abastecer por sistemas adecuados el agua potable necesaria, lo mismo que manejar las aguas residuales. Para lograr esto se debía crear un organismo autónomo con las amplias facultades que caracterizan este tipo de instituciones.

 En las motivaciones de los legisladores figura que la situación del país, no solo en el contexto del agua, sino en todos los aspectos del estado político, social, y económico, era “grave”; planteaban en el preámbulo de esta ley, la necesidad de hacer ajustes en plazos breves. Como podemos notar, se han dilatado los gobiernos en acortar plazos. Han pasado 56 años.

El INDRHI, en su lugar, se crea en la post-guerra, durante el gobierno de provisional de transición que encabezó Héctor García Godoy. Con la Ley No. 6, de 1965. A este le corresponde las obras de ingeniería, de acuerdo con el preámbulo de la propia ley. Y un aspecto importante del nacimiento, tanto de INAPA como del INDRHI, es precisamente la política subyacente de integrar el desarrollo como un eje de orientación del trabajo de ambas entidades.

La década del 60’ tuvo como producto legislaciones inspiradas en el denominado Acto Institucional que puso fin a la crisis de 1965; de ahí, surgió un Consejo Nacional de Desarrollo, mediante la Ley No. 55, de ese mismo año, por  cual se estableció el Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y Administrativa. Debe puntualizarse que dicha ley se derogó en 2006, con la Ley No. 498-06, de Planificación e Inversión Pública.

Tal reforma implicó un giro en la política de planificación y desarrollo del Estado dominicano, pero que, en definitiva, lo que hace es ajustar normativa ya obsoleta. El desarrollo es, por mucho, a mi juicio, la principal tarea del país. Observando con cautela todo lo que entre nosotros fue o ha sido derecho se tendrá mejores chances de juzgar el compromiso de los gobiernos por dejar atrás las huellas del subdesarrollo.

Hemos repasado un poco la forma y superficie de las bases institucionales. Tocará próximamente evidenciar el contenido y la eficacia de las redes de la política dominicana. Luego, habremos de descender a los cimientos de la provincia La Altagracia.

Ver:

  • Ley No. 5994, de 1962, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
  • Ley No. 6, de 1965, que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
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