Panorama

Tras más de 6 meses de evaluaciones, Senado escoge nuevos miembros de Cámara de Cuentas

Santo Domingo, RD.- Acorralada y arrastran­do un nivel de descrédito sin precedentes, zarandea­da por las críticas y la sos­pecha pública, la Cámara de Cuentas acaba de su­perar momentos oscuros, al dar un gran salto con nuevos miembros y asu­mir una misión desafian­te, mientras los ciudadanos han optado por colgar sus esperanzas en el rigor del juramento de honor de los nuevos incumbentes.

El Senado dominica­no escogió ayer a los cinco miembros del ente fiscali­zador del Estado, recayen­do la presidencia de ese or­ganismo en Janel Andrés Ramírez.

El nuevo titular de la Cá­mara formará quinteto con Elsa Catano, vicepresiden­ta; Tomasina Tolentino Mc­kenzie, secretaria, además de Mario Fernández Bur­gos y Elsa María Peña Peña.

Todos concluyeron el proceso de evaluación co­rrespondiente, a cargo de una comisión senatorial es­pecial, lo que deja ahora a los cinco en su camino pa­ra ejercer sus funciones en el ente fiscalizador del Es­tado durante un período de cuatro años, según manda la Constitución de la Repú­blica.

La pasada gestión de la Cámara de Cuentas estuvo en el “ojo del huracán” por las investigaciones al comportamiento de la adminis­tración de Hugo Álvarez, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Cor­porán, Félix Álvarez Rivera y Pedro Antonio Ortiz Her­nández.

La Cámara de Cuentas, el órgano superior externo de control fiscal, de los re­cursos públicos y procesos administrativos y del pa­trimonio público, fue cues­tionada por buena parte de la ciudadanía y sectores de la sociedad civil, esta insti­tución, al protagonizar es­cándalos que han puesto en tela de juicio su opera­ción y existencia.

En enero de 2007, el ple­no, encabezado por su pre­sidente Andrés Terrero, se aumentó el sueldo y sus miembros pasaron de co­brar RD$300,000 a más de RD$600,000 al mes. Pero las críticas no dieron tiem­po a espera y la medida fue dejada sin efecto en mayo de ese mismo año.

Posteriormente, el pleno fue sometido al escarmien­to y a un juicio político, ba­jo acusaciones de lucha de intereses en el mane­jo de las auditorías, distri­bución irregular de cargos en la institución, círculo de nepotismo y compras irre­gulares sin las licitaciones adecuadas.

Con estos actos, los ti­tulares, que fueron re­nombrados por la opinión pública como “los apandi­llados”, fueron señalados por violar las leyes 10-04, de la Cámara de Cuentas, la 41-08, de Función Públi­ca, y la 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

Luego de iniciado el jui­cio político, Terrero y los miembros del pleno re­nunciaron a sus cargos.

Los otros titulares eran Henry Mejía, José A. Ma­ceo, Juan Adalberto Lora Ruíz, Freddy Almonte Bri-to, Luis Yépez Suncar, José Altagracia Gregorio, Ulises de Beras de la Cruz y Alci­des Benjamín.

En su carta de renuncia, Terrero entendía que no se debía someter “al Senado de la República a la fragi­lidad de una votación que conforme a la Constitu­ción de la República con la 3/4 de la votación se pue­de destituir a cualquiera de nosotros”.

Sueldos y escándalo

Otro escándalo se susci­tó en marzo de 2017, prác­ticamente al inicio de esta actual gestión, encabeza-da por Hugo Álvarez Pérez, fue un aumento salarial sin justificación que solicitó el presidente de la Cámara.

El sueldo de Álvarez Pé­rez pasó de 350,000 pesos a 423,500 pesos. Los de­más miembros, conforma­dos por Pedro Ortiz Her­nández, Carlos Tejada, Félix Álvarez Rivera y Mar­garita Melenciano Corpo­rán, también recibieron aumentos que llevaron sus salarios hasta 379,097 pe­sos.

No obstante, Álvarez Pérez justificó, a través de una carta al presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, Rubén Mal­donado, que no se hicieron un aumento salarial, sino que aplicaron un tabulador salarial instituido median­te una resolución del 2013, es decir, con el pleno pasa­do.

Esta gestión de Álvarez Pérez también estuvo en el ojo del huracán al repor­tar millones de pesos en al­muerzos, bebidas, cigarros de marcas, restaurantes, tarjetas de crédito y dona­ciones.

Y se registraron gastos en compras de bebidas al­cohólicas, mayormente vi­nos, champagne y whisky.

Allanamiento

En febrero de este año, la Procuraduría Especiali­zada de Persecución de la Corrupción Administrati­va (Pepca) realizó un alla­namiento en la Cámara de Cuentas que duro más de once horas, una acción que fue denominada co­mo “Operación Caracol”.

El titular de la Pepca, Wilson Camacho, dijo que en esa entidad se alteraban auditorías para favorecer a instituciones, y a sus titu­lares, para encubrir actos que quebrantan la ley.

JANEL RAMÍREZ

Presidente.

Oriundo de la provincia Monte Plata, es un pro­fesional de la carrera de contabilidad. Inició estu­dios en el Instituto Tec­nológico de Santo Do­mingo (INTEC). Se gra­duó magna cum laude.

ELSA MARÍA CATANO

Vicepresidenta.

Una veterana contable con más de 30 años de experiencia en su área, fue anunciada ayer vier­nes por el Senado como la nueva vicepresidenta de la Cámara de Cuen­tas .

TOMASINA TOLENTINO

Secretaria.

Contadora pública, es­pecialista en Administra­ción Pública y Contrata­ciones en alta dirección Pública del Instituto Or­tega y Gasset de España e Instituto Altos Estudios en Ciencias Sociales.

MARIO A. FERNÁNDEZ

Miembro.

Designado como parte de las cinco personas para integrar la Cáma­ra de Cuentas, es abo­gado graduado en la Universidad Católica Madre y Maestra, en 1982.

ELSA MARÍA PEÑA

Miembro.

Última persona pro­puesta por la comisión especial que evaluó los aspirantes a la Cámara de Cuentas. Es contado­ra pública y nació en Lu­perón, de la provincia Puerto Plata.

Conflictos por asuntos de competencia

La acción de conflicto de competencia, como la que ha planteado la Cámara de Cuentas frente al Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), es cues­tión poco abundante en la jurisdicción constitucional.

Durante los nueve años de funcionamiento, el Tri­bunal Constitucional ha dictado alrededor de ocho sentencias que resuelven conflictos de competencia entre diversas entidades, principalmente en el ámbi­to municipal y electoral.

Los choques se han pro­ducido, principalmente, en­tre ayuntamientos, y entre la Junta Central Electoral (JCE) con algunas institu­ciones públicas y el TSE.

Algunas demandas han sido acogidas. Otras fueron rechazadas y declaradas in­admisibles.

El Tribunal Constitucio­nal ya ha fijado un criterio que tendrá la oportunidad de ratificar o modificar.

En la sentencia TC-0061-12, del año 2012, esta­bleció que el conflicto de competencia consiste en la controversia por la titulari­dad de la competencia asig­nada por la Constitución a los órganos o personas de derecho público, y esto puede referirse a la jerar­quía, la territorialidad o las funciones.

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