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Una presa en La Altagracia ¿A quién le tocará impulsar esta eterna promesa?

Por Ángel Morla

El abastecimiento de agua de los hogares altagracianos no puede venir, obviamente, de fuentes ajenas a las inmediaciones territoriales de la provincia. La hidrografía local nos enseña que tenemos los ríos Anamuya, Duey, Nisibón, Qusibaní, Yuma y Chavón ─los demás son afluentes o sin suficiente caudal─. Este último es límite con la provincia La Romana; el río Sanate, por su parte, es su afluente. Así nos lo deja saber la publicación de la Oficina Nacional de Estadísticas del año 2015 sobre división territorial de la República Dominicana.1

Y si bien el río Sanate no es una arteria hídrica principal del sistema hidrológico oriental, fue este el escogido, en un principio, con los planes de dotar a Higüey de agua, para la construcción de una presa.  Este río tiene una extensión aproximada de 35 kilómetros, descendiendo desde los límites superiores de la provincia hasta morir en el regazo de Chavón, que va a parar al mar Caribe.

Si no hubiese sido por la idea nefasta, digo yo que fruto de la nula planificación previo a la suscripción del contrato con Ghella & Asociados, así como por los remiendos de la primera y segunda adendas modificatorias del contrato original, quizá un intervalo de espera más allá del primer gobierno de Leonel Fernández nos habría acercado a la materialización de la obra de infraestructura. Hay que hacer notar que no existían las inclusiones legislativas que vinieron tras el retorno del PLD al gobierno, entre las que cabe citar la Ley No. 498-06, de Planificación e Inversión Pública. Esto indica que el principio de irretroactividad de la ley jugaría a favor del gobierno, en parte, puesto que iniciaron todo unos años después de la suscripción del contrato.

Por igual, no existía el sistema de contratación pública que rige hoy; las contratos de grado a grado, donde, digamos, imperaba la discrecionalidad administrativa, hacían que la celebración de algún negocio jurídico de carácter público se diera con rapidez, pero sacrificando otros aspectos que ponían en tela de juicio la eficacia en el uso de los recursos económicos estatales.

De suerte que Ghella y Asociados, junto al Estado dominicano, logró arribar al acuerdo de una presa sobre el río Sanate por un costo de unos 56 millones 500 mil dólares estadounidenses, de acuerdo al contrato original. El resultado final fue la segmentación del proyecto con las dichas adendas o modificaciones. O sea, ya no habría presa en Sanate (y nos dijeron que sólo sería una pausa circunstancial). Como ya hemos dicho esto en artículos precedentes, volvamos al núcleo del tema que nos ocupa.

Curioseando por los abismales bancos de datos en línea con que cuentan las instituciones públicas dominicanas, obligados a tener portales de internet actualizados y contentivos de la información requerida por la ciudadanía, fuimos a parar con el Plan Municipal de Desarrollo de Higüey. De hecho, desde el lanzamiento de Puro Higüeyano este ha sido un recurso disponible para nuestros lectores en la página principal.

El artículo 45 de la Ley No. 498-06, indicada más arriba, contempla los planes municipales de inversión pública como instrumentos que los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional deben tener; y en cuyo contenido colocarán los proyectos de inversión cuya ejecución estará a su cargo. Los planes, señala la ley, requieren que los concejos de regidores los aprueben para posteriormente incluir los proyectos que tengan en los presupuestos siguientes.

A pesar de que el instrumento legal fue aprobado en 2006, no fue sino hasta 2016 cuando Higüey vino a tener un plan municipal de desarrollo; además, ni el reglamento ni la propia ley definen fechas para la presentación del instrumento de inversión, o sea, el plan. Lo que sí es imperativo es la publicación de este al inicio del periodo de gobierno. Por alguna razón las autoridades municipales del intervalo 2010-2016 no presentaron su plan al inicio del mandato; en su lugar se preparó para iniciarlo el periodo próximo, aprobado, según parece, para que lo ejecutaran los próximos funcionarios municipales.

Me parece contradictorio que la ley de planificación e inversión pública sostenga que los proyectos que se incluyan en el plan municipal estén a cargo del ayuntamiento. Porque que en el caso del plan aprobado por nuestro gobierno local, se encuentra incluida la construcción de la presa sobre el río Sanate cuando es a todas luces evidente que no tenemos capacidad financiera y mucho menos técnica para una empresa de esa magnitud. Y los elaboradores del documento ubican al INDHRI como la institución responsable. Lo ideal hubiese sido excluir esa obra del plan municipal de desarrollo de Higüey. Y poner lo directamente en el Plan Regional, por ser una obra de impacto para toda la región Yuma (La Romana, El Seibo, La Altagracia).

El camino que debe recorrer un plan de desarrollo parece tan extenso que está en cuestión la utilidad final de este instrumento. La pregunta queda abierta a si son meros documentos formales “de exhibición como trofeo” del Estado, o si en realidad son mapas del tesoro. Y Me refiero a si son mapas del tesoro, porque, como está presente en el imaginario colectivo, un “tesoro” está perdido, si obtenemos un mapa fidedigno sabemos con certeza que encontraremos el material escondido.

En el caso de la planificación e inversión pública no hay que ir muy lejos.  Aunque la red conceptual de nuestro ordenamiento jurídico es un laberinto interminable, la conclusión con relación a todo el conjunto enunciativo de la ley en esta materia precisa lo siguiente: Una vez identificada una necesidad pública y su eventual cobertura, sea en bienes o servicios y que constituye una prioridad, lo que sigue es la elaboración del programa o proyecto, para luego ir al plan.

A seguidas, se ubica la fuente de financiamiento para ejecutarlo; y ahí vendría, por lo tanto, la inclusión en un presupuesto público. De manera que, hecho esto así, ¿Qué detiene el desarrollo? ¿Por qué no se lleva a cabo lo que ya se ha sopesado y planeado? Estas son cuestiones que uno no se explica.

La Federación de Juntas de Vecinos logró reunir a los cuatro diputados de la provincia La Altagracia para repetirles lo que les es bien conocido: que aquí falta de todo. Y, quizá casualmente, o como parte del discurso común, el diputado Hamlet Melo apuntó la necesidad de enfocarse en asuntos que son de prioridad. El agua, la energía eléctrica y las vías de comunicación son los tres sectores por los que en Higüey siempre hemos gritado. Dejemos la energía eléctrica y las vías de comunicación para otro momento.

¡Cuándo es que dejaremos de hablar de Ghella & Asociados, del acueducto, de la restauración de los sistemas sanitario y de desagüe pluvial! Que, en fin, giran en torno al agua. No hay respuestas. En honor a la verdad, dudo que los diputados puedan hacer algo; es negativismo realista, simple. Si seguimos la línea de Melo, igual me parece que hay tendencia al fracaso. La idea sería presionar la conclusión material de un solo proyecto.

En ese sentido, debería estructurarse algo así como un Movimiento permanente por la terminación de las infraestructuras sanitarias de La Altagracia, que no sea nada de estar creando comisiones y designaciones, sino que sean los mismos entes que procuran otras cosas, enfocados en la conclusión eficaz de un único propósito. Para iniciar, la terminación definitiva del acueducto, cuyo receso es hasta ahora inexplicable.

El presidente Danilo Medina inauguró su mandato en 2012 con la idea del “borrón y cuenta nueva”; de no mirar hacia atrás y seguir la senda del “continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”. Hasta a mí me sorprende encontrar una manifestación de la verdad, que para algunos no es sino la correspondencia entre un enunciado y las cosas, como si yo dijera: “el agua está contaminada por agentes químicos nocivos”; si una prueba de laboratorio demuestra mi afirmación, estamos frente a una verdad: mi enunciado ─lenguaje─ y el mundo externo están en sintonía.

Esto me lleva a tentar con la verdad y lanzar cierta hipótesis:

El proceso de reformas legislativas para enderezar el manejo del Estado iniciado, en buena parte, tras la salida de Hipólito Mejía del poder, en el que de hecho participó el PRD, dejó sentada una plataforma técnica e instrumental aceptable para dejar atrás el oscuro pasado de la administración de lo público en el país. Esta plataforma, y su labor de concreción material, no obstante, no ha podido ser continuada correctamente por las carencias que hemos tenido para centralizar los esfuerzos en problemas específicos y sin soslayar las tareas esenciales.

El actual gobierno no verá el año 2020 con un cumplimiento eficaz de los planes y rutas trazados hasta el límite del mandato, a pesar de que hace 12 años, más o menos, se estructuró el marco jurídico para conseguirlo. Es justo que tuviésemos ya una visión clara de qué y cómo vamos a ponernos a trabajar. Es ponderable, al menos, contar con planes elaborados, más en el nivel nacional que local, que tracen una cierta ruta en materia de planificación e inversión pública.

Lo que tocaría en lo adelante es completar el rompecabezas y terminar al menos una cosa, que en el caso de La Altagracia es perfectamente y sin disenso la garantía total del servicio de agua. Una tentativa plausible para los habitantes del oriente lo es la de poner nuestros ojos sin desviarlos de una presa sobre uno de nuestros ríos, el más idóneo es Chavón, por ser el más caudaloso, a pesar de que no esté entre los límites provinciales, sino que discurre a lo largo de 70 kilómetros por los límites de la región Yuma, sólo entre las provincias La Romana y El Seibo”.

Hemos de permanecer expectantes de una decisión fundamental imperativa, ya no creativa o imaginativa. Hace largo tiempo que, en honor a cierto pensamiento marxista, necesitamos dejar de pensar el mundo y comenzar a transformarlo. Y, paradójicamente, él hizo precisamente aquello. Pero, para que nos funcione la analogía, con relación de La Altagracia, y al país en sentido general, le conviene el cese de la programación abstracta y decir sin rodeos qué vamos a hacer y en qué tiempo, ¡Y efectivamente hacerlo!


(1) Ver División territorial de la República Dominicana 2015. Oficina Nacional de Estadística (ONE). Disponible en https://www.one.gob.do/publicaciones

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